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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

La variedad de candidatos aspirantes a la alcaldía de Medellín posibilita gran diversidad de propuestas a la Ciudad. En los varios debates realizados con todos ellos, van quedando claros sus talantes y sus notables diferencias.

Entre los comentaristas y los televidentes ha llamado poderosamente la atención el populismo del que se reviste Gabriel Jaime Rico  en estos debates: A todos los sectores les quiere alegrar el oído con una propuesta tentadora y muchas veces irrealizable, bien por costosa o por jurídicamente imposible.

La idea de terminar las llamadas foto-multas o imposición de multas de tránsito mediante fotodetección es a todas luces un retroceso. El buen ciudadano debe acatar las normas jurídicas con respeto y con devoción y la administración debe velar porque esas normas se cumplan en procura del bien general. Lo contrario es el caos y la ley de la selva.

No está lejos el populista candidato Rico de proponer que se eliminen los semáforos y los informes de los guardas de tránsito, cuando el ciudadano sea contraventor de normas jurídicas sobre movilidad. Seguramente todos hemos cometido errores en la forma de conducir y todo ciudadano ejemplar debe aceptar que fue infractor y que por lo tanto la autoridad está legitimada para imponerle una sanción. La disciplina social se impone si no queremos vivir en la anarquía.

Pero es más. Gabriel Jaime, interpretando a la ligera una cláusula del convenio suscrito entre el Municipio de Medellín y UNE, dice  que Medellín, mediante acto administrativo, puede desconocer lo allí establecido. Ligera lectura le dio el candidato, o sus asesores, al convenio. Allí se dice que “En el evento en que una disposición legal, judicial o administrativa torne ilegal la imposición de multas o infracciones fotodetectadas, las partes podrán inmediatamente modificar el Convenio, en el sentido de excluir del objeto del mismo las actividades a cargo del contratista relacionadas con la fotodetección de infractores”. (Subrayas fuera del texto original) No puede la administración, por sí, tornar ilegal lo que ya la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han declarado legal y ceñido a la Constitución y a la ley.

Debe saber el doctor Rico que si se tomare la decisión unilateral de suprimir las multas por fotodetección, operaría la alteración del equilibrio económico del convenio. UNE, como cualquier contratista, tendrá entonces el derecho de recuperar sus inversiones y de reclamar las compensaciones o indemnizaciones a que hubiere lugar según el modelo financiero acordado para la vigencia del contrato. Así perdería Medellín (todos los contribuyentes) y perderá  la sociedad al quedar sometida al imperio de los violentos, de los ilegales, de los infractores y de los potenciales homicidas en accidentes de tránsito.

Más allá de la discusión jurídica, está el reconocimiento que hacen todas las autoridades sobre la positiva influencia de las llamadas foto-multas en la reducción de los accidentes de tránsito y de las vidas truncadas por culpa de los loquitos del volante que creen que las vías de las ciudades son autódromos.

Doctor Rico: Un buen ciudadano debe aceptar que las autoridades vigilen el comportamiento de quienes violentan las normas de convivencia y ponen en peligro sus vidas y las de víctimas inocentes. Una autoridad responsable y seria tiene que garantizar la vigencia de la Ley para que cumpla su propósito de proteger a la sociedad.

Sus populistas propuestas son la ruta al caos.

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