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Por Ramón Elejalde Arbeláez

Aceptamos que es urgente reformar la Constitución para suspender la reelección presidencial, basados en los argumentos debatidos cuando la institución se propuso; también aceptamos la necesidad de acabar con el nefasto voto preferente. Cuando admitimos esos urgentes cambios, nos abocamos a un difícil dilema pues siempre he sostenido que es necesario ponerle fin a ese frenesí de reformas constitucionales existente en Colombia, frenesí por el que afirmo son tres los deportes preferidos por los colombianos: el fútbol, el ciclismo y las reformas constitucionales.

En estas columnas he demostrado, hasta la saciedad, que los Estados desarrollados difícilmente reforman sus constituciones, respetando aquel principio de que las normas constitucionales son preceptos jurídicos llamadas a perdurar. Y también he demostrado que los países tercermundistas cambian sus constituciones como cartas de restaurante, al gusto de cada comensal. Reitero el ejemplo más patético. Mientras los Estados Unidos mantienen la constitución escrita más antigua, como que fue expedida en 1787 y en toda su historia solamente lleva 27 enmiendas, nuestra actual constitución, expedida en 1991, ya lleva 37 reformas, sin contabilizar tres que fueron declaradas inconstitucionales por vicios de procedimiento y una que no fue publicada y que por lo tanto no está vigente.

Si bien nuestra constitución es rígida pues tiene procedimientos para su reforma o expedición un poco más exigentes que los requeridos para una ley, nuestros legisladores, (para el caso constituyentes), han convertido esa rigidez en algo tan flexible que cambiamos de normas constitucionales tan fácilmente como quien cambia de camisa. Obvio, esta afición por las reformas constitucionales genera inseguridad jurídica y ¡de qué manera!

En aras de ponerle fin al vicio reformador que tenemos los colombianos, deberíamos pedirle al Congreso que tramite una corta y sustanciosa modificación a la Carta Suprema, de muy pocos artículos, para prohibir la reelección presidencial, suprimir el voto preferente, exigir a los partidos elaborar sus listas de candidatos por procedimientos democráticos y endurecer los trámites para modificar las normas constitucionales. Hasta se podrían establecer normas pétreas por algunos años –es decir que no se puedan reformar- tales como la tutela, los derechos y deberes consagrados, los valores y principios, la reelección presidencial y los fines del Estado. Las demás propuestas que parecen urgentes y necesarias bien se podrían omitir en beneficio de respetar la perdurabilidad de los preceptos constitucionales.

No creemos que sea mucho pedirle al Gobierno y al Congreso que actúen con responsabilidad frente a la Constitución y no la sigan manipulando con el pretexto de mejorarla.

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