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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado colombiano por las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, dos visitantes, “la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial” del magistrado auxiliar Carlos Urán, “las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos” por entonces estudiantes de una universidad bogotana,  por “la falta de esclarecimientos judicial de los hechos” y por “el incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban los ocupantes del Palacio” en acontecimientos  conocidos notoriamente y sucedidos el 6 y 7 de noviembre de 1985. (Las citas textuales de la providencia van entre comillas)

El fallo de este organismo internacional está contenido en 212 páginas, expedido el 14 de noviembre pasado, notificado la semana que termina al gobierno colombiano.

Algún día, seguramente lejano, cuando las consideraciones de tipo ideológico y político dejen ver con claridad los terribles acontecimientos de la toma y posterior recuperación a sangre y fuego del Palacio de Justicia, entenderemos los colombianos la terrible tragedia que fue para la institucionalidad y la vida civilizada este triste episodio de la vida nacional. Por un lado, no solamente se trató de un hecho revolucionario del M-19, sino de un episodio reprochable de secuestrar y poner en peligro las vidas de la cúpula judicial de la nación colombiana, al parecer por encargo del narcotráfico; y del otro lado no se realizó una retoma inteligente, para preservar la vida de los máximos jueces de nuestras altas cortes, sino una violenta y brutal incursión, sin miramientos y respeto por la vida humana, que hoy lamentablemente el mundo, a través de un tribunal internacional, nos está recordando y condenando.

La notoria ausencia de autoridades civiles que hicieran valer su jefatura sobre las tropas institucionales, produjo uno de los episodios más vergonzosos y deplorables de nuestra vida democrática.

La defensa de Colombia en la Corte Interamericana, por las consideraciones de este mismo tribunal y por las afirmaciones  que han aflorado de funcionarios y abogados, también fue improvisada y lamentable, tan lamentable como los mismos hechos del Palacio de Justicia.

Alegatos improvisados, como que en cuatro días prepararon el ensamble del trabajo de algunas comisiones y el aporte de los defensores; contrato de abogados a menos de una semana de vencerse los plazos para responder la demanda o excepciones; discusiones en el alto gobierno para señalar las líneas de la defensa de los intereses patrios; el cambio de criterios en la defensa, al gusto de los funcionarios ocasionales del Estado y finalmente la vergonzosa “copialina” o copipegue que les hizo incluir en el memorial de respuesta asuntos concernientes a otro proceso de Colombia ante la Corte Interamericana. Mal parados quedamos con este último episodio, ya que la Corte lo trae en su fallo de fondo y es la demostración palmaria de nuestra improvisación en un tema de suyo difícil de explicar y de justificar.

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