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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

Esta semana que termina se conoció la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a diez ingenios azucareros del Valle por organizarse como un cartel y violar las normas de libre competencia imperantes en Colombia. En plata blanca estas empresas se concertaron para impedir la importación de países productores a precios más favorables. Estas prácticas están absolutamente prohibidas y consumarlas origina fuertes sanciones que los mismos empresarios conocían de antemano.

Enterada la opinión pública de la decisión gubernamental, se ha desatado una oleada de críticas desde grandes medios de comunicación, algunos de ellos propiedad de los mismos empresarios sancionados; congresistas, seguramente muchos de ellos financiados en sus campañas por dueños o socios de los ingenios sancionados; expresidentes y gremios de la producción. Extraña que la gavilla organizada contra el gobierno y muy especialmente contra el Superintendente de Industria y Comercio, no la hubieran desplegado los quejosos de hoy cuando las empresas y sus representantes legales se constituyeron en cartel para esquilmar el bolsillo de todos los colombianos, con prácticas poco ortodoxas y violatorias de la ley.

Las multas impuestas en su totalidad son cercanas a los trescientos veinte mil millones de pesos y las prácticas reprochables se dieron sobre los precios del azúcar entre 2005 y 2007. Las empresas responsables son:  Ingenio del Cauca S.A., Ingenio Providencia S.A., Ingenio Manuelita S.A., Ingenio Mayagüez S.A., Ingenio Riopaila S.A. Ingenio Central Castilla S.A., Ingenio Pichichí S.A., Ingenio La Cabaña S.A., Ingenio Carmelita S.A. e Ingenio Risaralda S.A., es decir lo más granado de la oligarquía colombiana y del Valle del Cauca.

Al decir de Portafolio, un importante medio de comunicación económico, en su edición de 16 de los corrientes, la Superintendencia de Industria y comercio encontró “que los cinco ingenios alcoholeros investigados (Ingenio del Cauca S.A., Ingenio Providencia S.A., Ingenio Manuelita S.A., Ingenio Mayagüez S.A., e Ingenio Risaralda S.A.) concertaron, ofrecieron y aplicaron las mismas fórmulas para  la remuneración de la caña destinada a alcohol a sus proveedores”.

La sanción también se hizo extensiva, como tenía que ser, a los representantes legales de dichas empresas Juan José Lulle Suárez, Gonzalo Ortiz Aristizábal, Adolfo León Vélez, Mauricio Iragorri Rizo y Cesar Augusto Arango Isaza, respectivamente, por haberse involucrado directa o indirectamente en el acuerdo de precios sancionado.

Al decir de las autoridades las multas impuestas no superan el siete por ciento de los ingresos operacionales anuales, ni el siete por ciento del patrimonio de las empresas. Luego tampoco parece ser cierto el escándalo armado por lo supuestamente elevado de la sanción. Además, poco ético trasladarle a los obreros y trabajadores las consecuencias de lo que los empresarios originaron.  Y obvio, ya existían agravantes, muchas de esas empresas habían sido sancionadas antes por conformar carteles para imponer los precios de compra de la caña de azúcar a los cultivadores.

En todo esto extraña la posición de algunos dirigentes liberales o socialdemócratas que hacen parte del coro de defensores de los violadores de la ley.

Dura lex sed lex. Dura ley, pero es ley.

 

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