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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

Acatar los mandatos de los fiscales y de los jueces de la República es un principio que garantiza y preserva el Estado de Derecho. Su desconocimiento o la burla a sus mandatos es el principio del caos institucional. Es posible que algún investigado tenga la convicción de que se le indaga injustificadamente: su deber es llevar esa certeza al fiscal o al juez de conocimiento. Rechazar de plano y descalificar de entrada las actuaciones de la justicia nos convierten en una república banana y nos conducen a la disolución del mismo Estado.

 

Tengo por el doctor Oscar Iván Zuluaga aprecio y respeto. Lo conozco personalmente y compartí con él curul en el Congreso de Colombia. Su compañera de fórmula en la Cámara de Representantes doctora Sandra Ceballos Arévalo (Q.E.P.D.) era mi vecina de escritorio en las plenarias y por esa circunstancia era usual que tuviera con él una fluida y permanente conversación. Ese trato personal y verlo comportarse en el Senado de la República durante cuatro años me llevaron al convencimiento de que es persona recta y seria. Estoy seguro de que el doctor Zuluaga saldrá airoso ante fiscales y jueces ante los hechos que se investigan sobre el famoso pirata informática que infiltró el proceso de paz con fines no clarificados hasta ahora.

 

La presencia del doctor Oscar Iván este viernes en la Fiscalía General de la Nación es demostración palmaria del respeto del excandidato por los mandatos de la justicia, aunque poco edificante su saludo de pasarela a quienes realizaban el plantón al frente de las oficinas de la fiscalía.

 

Desconocer el llamado de la Fiscalía no enaltece a los indiciados y aquí diría que en ese proceso  del pirata informática, el doctor Luis Alfonso Hoyos actúa en contra de postulados claros que rigen una democracia. Cuestionar en los medios las actuaciones de la fiscalía, como lo hace el Centro Democrático, tampoco es un mensaje educativo en el proceso de consolidar las instituciones. Lo obvio es que los abogados de los indagados tramiten sus cuestionamientos y dudas en las audiencias que se deben efectuar ante los jueces competentes, entre ellos el llamado juez de control de garantías.

 

Nuestro sistema penal acusatorio es garantista y la libertad de las personas no está en manos de la fiscalía. La fiscalía indaga, investiga, acopia pruebas y acusa ante un juez. Ya la fiscalía no tiene esa inusual prerrogativa que en el procedimiento anterior le era propia.

 

Por su parte los abogados de los investigados pueden indagar, investigar, acopiar pruebas y oponerse ante el juez a las pretensiones de la fiscalía. No impera pues en Colombia la ley de la selva, ni la caprichosa posición del fiscal de turno frente a un investigado. Ya no es posible en Colombia aplicar la frase que otrora hizo carrera entre nosotros: “En Colombia no se le niega un auto de detención al mejor amigo”. Hoy eso no es posible. Para decirlo en plata blanca la suerte de Hoyos y los Zuluaga, padre e hijo, no están en manos de la fiscalía sino de los jueces y los jueces también tienen superiores que revisan sus providencias. Para eso se estableció la segunda instancia en casi todos los procesos penales.

 

Convertir al Centro Democrático en una víctima de la justicia puede que otorgue réditos políticos, pero nos deja muy mal parados como democracia.

 

 

 

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