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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

Se ha vuelto costumbre entre los funcionarios judiciales, especialmente los de las más altas dignidades, convertir sus pensamientos, investigaciones y/o decisiones en noticias de medios de comunicación a través de rimbombantes anuncios. Desde tiempos lejanos se ha afirmado que la Justicia se pronuncia por medio de autos, sentencias y resoluciones judiciales, que deben ser notificadas a los interesados por los medios procesales conocidos y no por los medios de comunicación.

Algunos funcionarios de nuestra Justicia sufren una fatal atracción por los micrófonos y las grabadoras y esos gustos atentan contra la seriedad que debe observar quien imparte justicia. Hacer de la justicia un espectáculo mediático, no es bueno. La seriedad, la ponderación, el buen juicio deben ser atributos que a cada instante debe poner en práctica un buen funcionario de la Justicia.

Entiende un lego como quien escribe, que algunos servidores judiciales acuden a estos anuncios mediáticos para tratar de levantar la precaria imagen que tiene la opinión pública de nuestra Justicia, por su ineficiencia e ineficacia que nos lleva a afirmar el dicho popular de que tenemos una impunidad cercana al 95 % y que los demás aspectos que debe conocer la Rama Jurisdiccional son tramitados lenta y tardíamente. Este exagerado mediatismo, antes que mejorar la maltrecha imagen que de ellos tienen los colombianos, lo que logra es un mayor cuestionamiento de nuestros administradores de justicia.

Se palpa, se siente la convicción social de que la Justicia va mal. Los paros o ceses de actividades tan frecuentes, puede que algunos con razón; la justicia espectáculo; las disputas por el poder en las altas cortes; los torpes procedimientos del Consejo Superior de la Judicatura y la calidad jurídica de algunos de sus integrantes; los trámites lentos y los fallos muchísimos años después de presentadas las demandas; el uso consciente del carrusel de falsos testigos; la corrupción que asoma entre algunos funcionarios y la impunidad reinante, son los más notorios fenómenos en la deslegitimación que vemos hoy en nuestra Justicia.

Una sociedad sin justicia es una sociedad en disolución. Un Estado que comienza a dudar fuertemente de su aparato judicial, es un Estado inviable. La Rama Judicial es el bastión indispensable para que el Estado Social de Derecho se preserve y la institucionalidad tenga cabal aplicación. Si este dique cae subyugado por el espectáculo y la corrupción, las esperanzas de salir del subdesarrollo serán todos los días más lejanas. Una sociedad puede darse el lujo de que se debiliten y cuestionen otras ramas del poder público y seguir luchando por salir adelante, pero no la justicia. Sería el acabose y el despeñadero.

Los primeros responsables de que podamos contar con una justicia pronta, cumplida y eficaz son los mismos funcionarios de la rama. Otras ramas del poder público y la opinión pública pueden proponer soluciones, pero si al interior de la misma no existe voluntad, vamos rumbo a la disolución.

¿Sería mucho pedir que comencemos a enmendar los errores a partir de rechazar los micrófonos y las grabadoras como mecanismos propios de la administración de Justicia? La prudencia llama.

 

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