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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

Se ha vuelto costumbre que algunos procesos judiciales conmovedores de la opinión pública, reciban en cada aniversario ciertos impulsos, acaso ficticios y seguro folclóricos,  estimulantes para los medios de comunicación y distractores de la comunidad. El aparato judicial procede así, probablemente, esperando que el tiempo sea la única solución a tales expedientes ante su ostensible incapacidad de administrar justicia.

Este método de dilaciones activas ha prevalecido en la historia reciente de Colombia desde el asesinato del caudillo Liberal Jorge Eliécer Gaitán, siguiendo con la toma del Palacio de Justicia hace treinta años y con los asesinatos de Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, Jaime Pardo Leal, Jaime Garzón, Rodrigo Lara Bonilla,  Guillermo Cano, Carlos Pizano, Isaías Duarte, entre los más notorios. Y ni por eso sabemos quiénes han sido los autores materiales, los intelectuales ni sus móviles.

Cuando se avecina la efeméride de uno de esos hechos delictivos impactantes, la Fiscalía General de la Nación suele hacer anuncios rimbombantes que impactan a la ciudadanía pero que no conducen a esclarecer ciertamente los hechos. Para muestra un botón: Este fin de semana se cumplieron treinta años de la toma del Palacio de Justicia, seguida de una torpe y violenta retoma del citado edificio por la fuerza pública que condujo a la muerte de noventa y ocho personas, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, seis magistrados auxiliares, doce auxiliares judiciales de la Corte, trece auxiliares judiciales del Consejo de Estado,  tres abogados asistentes, un oficinista del Consejo de Estado, tres conductores, un ascensorista, seis miembros de la fuerza pública, dos agentes del DAS, dos agentes del F2, dos particulares, un transeúnte,  treintaicinco guerrilleros y cerca de una decena de desaparecidos. Dice un Fiscal delegado ante la Corte Suprema que serán citados a declarar los ex ministros supervivientes del gobierno de Belisario Betancur, quienes poco o nada tienen por qué saber sobre las operaciones militares de toma y retoma del Palacio; poco conocimiento pueden tener sobre las personas que salieron con vida del edificio y luego aparecieron muertas; y mucho menos pueden saber sobre los desaparecidos. Por el contrario y según relatos aceptados como ciertos, el ejecutivo se aisló ex profeso del conocimiento de las acciones militares en lo que se ha conocido como un golpe de estado técnico.

Como espectáculo publicitario, estas declaraciones son episodios distractores para que la opinión pública vaya olvidando, con el tiempo, los hechos luctuosos.

Así seguiremos entre bandazos y tácticas dilatorias por el camino sin fin de la sociedad del espectáculo, mientras topamos con el olvido definitivo del derecho a la Justicia.

 

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