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Por Ramón Elejalde Arbeláez

Los Constituyentes de 1991 tomaron la sabia decisión de permitirle a la justicia el manejo de su propio presupuesto. Eso la convirtió en una verdadera rama del poder público con independencia y con fortaleza, en la separación de poderes y le otorgó autonomía y libertad a los jueces para ejercer la función de control de legalidad, soporte del constitucionalismo moderno.

Ese mismo constituyente creyó oportuno entregarle a las altas cortes y a los tribunales, la potestad para nominar candidatos a algunos cargos de importancia como contraloría, procuraduría, cortes  y defensoría del pueblo. Esa decisión politizó nuestro sistema judicial y ha entronizado entre nuestros magistrados prácticas execrables como las del clientelismo y el nepotismo. Las altas cortes han caído, lamentablemente, en prácticas que deshonran sus magistraturas y hacen dudar de su labor de supremos administradores de justicia. Tenemos que recuperar el sitial de honor a la verdad y a la justicia que fueron nuestros más caros tribunales: recintos del saber, del derecho y la justicia y no agencias de empleo distribuidoras de canonjías para amigos y familiares privilegiados de la fortuna, tan ajena a las mayorías de compatriotas de ruana.

Sobre la ineficacia e inutilidad del Consejo Superior de la Judicatura mucho se ha escrito. Su origen y conformación constituyen el clientelismo en grado sumo, sin contar sus desaguisados jurídicos y administrativos que son muchos y muy graves. Esa institución debe ser reemplazada por una junta administradora de la rama judicial integrada por magistrados de las altas cortes y  el fiscal general de la Nación y a su disposición debe tener un gerente de los recursos y otro de la carrera judicial. La función disciplinaria debe pasar a la Procuraduría y a los tribunales de distrito judicial.

El Consejo Nacional Electoral no puede ser una dependencia del Congreso elegida por acuerdos partidistas y con el voto de los políticos-parlamentarios con peso electoral, cuyos actos habrán de ser juzgados por los magistrados por ellos elegidos.  Debería ser, sí, un verdadero ente judicial apolítico, independiente e imparcial, para resolver las controversias jurídicas en materia electoral tan comunes en Colombia.

Esta función judicial que hoy cumple con lentitud pasmosa el Consejo de Estado, debe pasar a ese nuevo tribunal de origen pulquérrimo, lejano a la política partidista y a los intereses subalternos de estos y otros grupos de interés que se desviven por torcer la justicia en beneficio de sus integrantes. Así funcionan estos consejos electorales en varios lugares de América Latina con mejor éxito que el nuestro. Hoy el Consejo Electoral hace pronunciamientos eminentemente politiqueros, acordes con las conveniencias de los partidos políticos que intervinieron en su conformación.   El Consejo de Estado por su parte, falla los procesos electorales cuando ya los períodos han concluido o están a punto de expirar; se necesita con urgencia un organismo expedito, cuyos pronunciamientos en estricto derecho, resuelvan los conflictos electorales que periódicamente se entablan entre nosotros.

Finalmente, llegó la hora de estudiar la necesidad de los procuradores judiciales que atienden asuntos penales en Colombia. Con el sistema  penal acusatorio esa figura debe desaparecer, pues no es necesaria y le permitirá a la procuraduría  dedicarse a cumplir sus verdaderas funciones misionales.

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