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Por Ramón Elejalde Arbeláez

Le seguridad jurídica es un principio del derecho aceptado por todos los Estados del mundo. Exige reglas claras de juego y actuaciones estatales conforme a normas jurídicas preexistentes y dictadas por las autoridades legítimamente constituidas. Anota Marco Gerardo Monroy Cabra, uno de nuestros más connotados juristas que “El principio de seguridad está relacionado con otros principios como el orden, la justicia, la legalidad, la publicidad de las leyes, la obligatoriedad de las leyes aunque sean ignoradas, la jerarquía normativa, la cosa juzgada, la irretroactividad de la ley, y el respeto por los derechos adquiridos”.

Es lamentable que en Colombia la inseguridad jurídica parece todos los días más enseñoreada de nuestra vida institucional. La proliferación de altos tribunales que administran justicia; lo difícil que ha resultado unificar criterios de interpretación constitucional por el desconocimiento del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia a aceptar la tutela contra sentencias; los fallos políticos que deslegitiman el verdadero control constitucional, producidos por nuestros tribunales de cierre y que vulneran derechos adquiridos, la cosa juzgada y el espíritu de las normas jurídicas expedidas, son verdaderas causas de la vulneración permanente al principio universal de la seguridad jurídica.

Hay fallos de nuestras altas cortes que reforman las leyes o lo que es peor, que reforman la misma Constitución, en muchas ocasiones ante la delirante aclamación de los medios de comunicación que exaltan el “valor de nuestros magistrados” sin parar mientes en que jurídicamente podamos estar frente a un esperpento que no resiste el más mínimo análisis serio, ponderado y jurídico, tal como sucedió con el fallo de la Corte Constitucional en el tema de las altas pensiones, que a no dudarlo resultaban odiosas y afrentosas, en una sociedad tan inequitativa como la nuestra. Magistrados fletados por el gobierno, magistrados con intereses económicos en el fallo, magistrados con impedimentos serios, cambiaron la constitución y desconocieron varios principios del derecho que son hoy acatados por todas las naciones del mundo. A la opinión pública y a los medios masivos de comunicación no les importó el medio utilizado, sino el fin obtenido. Aceptar que si el fin es justo, no importan los medios,  es inseguridad jurídica. Invito a los estudiosos del Derecho a que analicen este fallo con objetividad y aclaro que fui parte interesada en el mismo.

Con motivo de la absurda propuesta de vender a Isagén, un activo estratégico y rentable para el Estado, han surgido serios comentarios entre los estudiosos y conocedores del sector energético en el sentido de que la “quitada” de las empresas extranjeras para emprender tan cuantiosa y rentable inversión, se debió, casi exclusivamente, al temor fundado que existe entre los inversionistas, de nuestra galopante inseguridad jurídica.

No hay duda de que la inestabilidad jurídica ahuyenta la inversión extranjera. Es apremiante la existencia de acuerdos que garanticen la estabilidad jurídica a la luz de la norma constitucional y el respeto social e institucional por las normas preestablecidas.

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