Por: Ramón Elejalde Arbeláez
La importancia de los tribunales constitucionales dentro del Estado de Derecho es de tal alcance, que la existencia de esta fase del Estado Moderno depende de los controles constitucionales existentes y de la efectividad y legitimidad con la cual aquellos tribunales ejerzan sus funciones. Su razón de ser es la vigilancia y la defensa de la integridad de la constitución de un Estado.
La historia nos cuenta cuán difícil fue confiar la guarda de las constituciones a este tipo de tribunales. Su legitimación a través del tiempo fue compleja y dispendiosa.
Inicialmente algunos juristas, los opinadores y la ciudadanía, se preguntaban cómo era posible que las cortes constitucionales, un grupo de personas tan reducido y sin un origen popular pudieran revisar y controlar lo que hicieran los verdaderos representantes del pueblo (constituyentes o parlamentos).
Con los años se va imponiendo la tesis de que una minoría, la de tribunales constitucionales, puede revisar lo que hagan las mayorías, (congreso, asambleas constituyentes), a cambio de que los primeros actúen y fallen en derecho, además de ostentar reconocida solvencia moral y experticia en materias constitucionales. Esta figura es llamada por los expertos, “teoría de la contramayoría”.
El terrible drama que hoy vive nuestra Corte Constitucional con acusaciones gravísimas de corrupción, denunciadas desde el mismo seno de la Corporación, tiene los ribetes de una verdadera catástrofe institucional. El daño que se le está causando a la democracia y a la existencia misma del Estado es de incalculables proporciones. La Corte, guardiana de la Constitución, el Tribunal que controla el respeto de las leyes por la Carta Magna, el Tribunal de cierre de la jurisdicción constitucional, está corroído en sus propias entrañas por el terrible flagelo de la corrupción.
Supuestamente recibir dinero por producir fallos, “engavetar” expedientes para que estos no tengan la continuidad que la justicia reclama, son prácticas repudiables que no pueden existir en un alto tribunal de control constitucional. Pero es más, personas cercanas a esta institución afirman que las limitaciones académicas del magistrado que está hoy cuestionado por sus compañeros y por los medios de comunicación es de tal magnitud, que nadie explica el golpe de suerte que lo asistió para llegar a esas cumbres. ¿O sería más que suerte?
Aquí también cabe una responsabilidad política. Quien ternó y quienes eligieron al doctor Jorge Pretelt en la Corte le deben una explicación a Colombia, la misma explicación que le deben los que a sabiendas lo eligieron presidente de esa altísima Corporación, porque muchas han sido las carencias académicas y personales que se le endilgan al personaje, como para que hubieran osado llevarlo a tales dignidades a socavar y deslegitimar una de las más preciadas instituciones del Estado de Derecho.
Supongamos que en esta fea historia no existió dinero alguno. El solo hecho de recibir un abogado lobista, en su propia casa, es muy lamentable.
Sí algunos tienen la obligación de honrar y respetar la majestad de la justicia son sus máximos jueces: si ellos no lo hacen, ¿qué podremos esperar de sus subalternos?