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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

Terminó exitosamente para la administración municipal de Medellín el trámite del famoso proyecto de acuerdo 300 por medio del cual se le otorgan facultades al alcalde para modificar, en el término de cuatro meses, la estructura administrativa del Municipio. La votación en la corporación edilicia de la capital del departamento fue demasiado amplia para el fuerte debate que la iniciativa suscitó, pues finalmente catorce concejales votaron por el sí y únicamente cinco lo hicieron desfavorablemente.

La administración siempre argumentó que necesitaba las facultades para poder crear establecimientos públicos y empresas comerciales e industriales del Estado y modificar las existentes para garantizar el cumplimiento del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado por el mismo Concejo. Fue clara al demostrar que es una Ciudad bien administrada, que requiere optimizar su estructura gubernamental a las nuevas necesidades del territorio y expresamente el proyecto cercenó la posibilidad de crear burocracia o disminuir la existente. Siempre existió coherencia entre lo dicho y lo consignado en la iniciativa que se discutió.

La mayoría de los opositores siempre argumentaron que lo que se pretendía era la privatización de las Empresas Públicas de Medellín, lo que en dos partes del proyecto de acuerdo estaba totalmente desvirtuado, blindando por el contrario, en forma expresa, la más preciada de las instituciones antioqueñas de cualquier intento por cambiarle su sentido de empresa pública y de propiedad de los antioqueños. Otros cuestionaron las intenciones de la administración de crear más burocracia o de poner en peligro la estabilidad de los empleados actuales. Eso también quedó expresamente prohibido en el proyecto.

Los cuestionamientos al proyecto fueron viscerales, con argumentos contrarios a la racionalidad evidente, que en algunos casos lograron sensibilizar a la opinión pública y a algunos medios de comunicación, que inicialmente cayeron en la desinformación. Proliferaron los ataques personales, cuando la opinión pública esperaba argumentos serios contra el proyecto. En las redes sociales se afirmó cualquier cantidad de cosas que riñen con la verdad del proyecto. Parece ahora que la idea de los opositores era pescar incautos a cualquier precio.

Se llegó a afirmar que estábamos transitando el mismo camino que se recorrió con UNE. Olvidaron los críticos que la administración de Medellín siempre, en el caso de UNE, defendió la idea de vender parte de la empresa y dio sus argumentos. Fue leal con los electores y con la ciudadanía. Así se hizo.

Algunos precandidatos encontraron escenario para echar sus peroratas, más emotivas que sustentadas en la realidad. Todos atacaban el supuesto fantasma privatizador que nunca existió.

Me queda una pregunta, ¿qué le dirán a sus electores y amigos quienes hablaron de privatización de Empresas Públicas cuando vean que eso no lo contemplaba el proyecto aprobado y que en esa posibilidad nadie en la administración pensó? Van a quedar como los pastorcitos mentirosos y van a perder credibilidad hacia el futuro.

 

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