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Por: RAMÓN ELEJALDE ARBELÁEZ

No es pues verdad que estemos frente a un tratado internacional y que el GOBIERNO COLOMBIANO esté buscando aplicar una norma de este talante para un caso interno. La figura existe y existe para conflictos internos en los Estados signatarios del tratado de 1949 ya dicho.

Los anuncios del jueves pasado de que dentro del PROCESO DE PAZ el GOBIERNO y las FARC habían pactado el mecanismo para suscribir un acuerdo especial en el marco del DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, con el fin de blindar nacional e internacionalmente los pactos que se suscriban en LA HABANA, generó todo tipo de tremendismo político y jurídico encabezado por los principales enemigos del PROCESO DE PAZ que se adelanta con las FARC, misión que encabezan el EX-PRESIDENTE ÁLVARO URIBE, el Procurador ALEJANDRO ORDOÑEZ y los dirigentes y congresistas del CENTRO DEMOCRÁTICO.

Muchas exageraciones, mucho escándalo y pocas cosas serias y sustentadas en las realidades jurídicas y políticas. Trataré de hacer una explicación didáctica para mis lectores no especializados en estos temas:

 

El ACUERDO ESPECIAL es una figura que contiene el artículo tercero común a los CONVENIOS DE GINEBRA (Suiza) acordados por el mundo desde el año de 1949. Es decir que se está aplicando un tratado internacional ratificado y de obligatorio cumplimiento. Obviamente que si estamos frente a un acuerdo de carácter humanitario, por este solo hecho y de conformidad con el artículo 93 de nuestra Constitución, entrará a hacer parte del BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD. Tampoco es la primera vez que este instrumento se aplica a conflictos internos, que precisamente para ellos se acordó. Ya desde 1990 en EL SALVADOR y en el año 2000 en BURUNDI, esta figura fue acogida y puesta en práctica. No es pues ninguna novedad y así lo testimonia el profesor FRANCISCO BARBOSA en el periódico EL TIEMPO (marzo 16/2016).

No es pues verdad que estemos frente a un tratado internacional y que el GOBIERNO COLOMBIANO esté buscando aplicar una norma de este talante para un caso interno. La figura existe y existe para conflictos internos en los Estados signatarios del tratado de 1949 ya dicho.

Algunos dicen que esta norma es exclusivamente para desarrollar dentro de esos conflictos internos el DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO y no para suscribir pactos de paz. Yo preguntaría, ¿hay algo que proteja más el DIH que la paz misma? El profesor HÉCTOR ALONSO MORENO en el SEMANARIO VIRTUAL CAJA DE HERRAMIENTAS dijo desde febrero de 2013 lo siguiente: «El acuerdo especial puede ser sobre «cualquier cuestión», tal como lo señala la norma. Se trata entonces de una «cláusula abierta». Así la califica la doctrina. (…) Es preciso advertir que de ninguna manera la firma de un convenio especial conduce o produce el reconocimiento de beligerancia del grupo insurgente con el que se celebre el acuerdo».

Se afirma igualmente que SANTOS y TIMOCHENKO son ya constituyentes en COLOMBIA y que ellos están reformando la CONSTITUCIÓN. Otra mentira, otra falacia. El acuerdo especial debe ser elevado a ley y eso solamente lo puede hacer el CONGRESO, por lo menos hasta ahora. Mucho me temo que deba ser ratificado como se hizo con el PROTOCOLO II DE GINEBRA que requirió norma constitucional. Pero por encima de todo, los temas constitucionales, así como los legales, están indefectiblemente sometidos al CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD los primeros y al CONTROL DE LEGALIDAD, los otros. Eso es ineludible.

Una respetuosa invitación a los doctores URIBE y ORDOÑEZ, jefes de la oposición y al CENTRO DEMOCRÁTICO: Mientras la oposición se ejercite con más seriedad y con menos tremendismo, mejor les va.

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