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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

La situación jurídica del partido Liberal es muy confusa y cada paso que se da buscando solucionar el problema, conduce a una nueva equivocación. Mediante una acción popular, algunos militantes y dirigentes de la colectividad roja pidieron amparo al derecho a la moralidad administrativa que se consideró vulnerada por la Dirección del liberalismo y por el Consejo Nacional Electoral. En los nuevos estatutos se había autorizado al director del Partido para cambiar unilateralmente la estructura organizacional del mismo y el CNE los aceptó; la Sección Tercera del Consejo de Estado, a su turno, declaró ilegales tales estatutos expedidos mediante resolución 2895 de 2011 y le ordenó al partido que volviera a los estatutos que estaban vigentes a la entrada en vigencia de la ley 1475 de 2011. Además le ordenó poner esos estatutos a tono con esta norma para garantizar el principio de participación democrática.

Citando la sentencia del Consejo de Estado, el periódico El Espectador de 23 de julio de 2015 señaló: “Así, dentro de las modificaciones hechas por la nueva facultad del director, se permitió excluir a los simpatizantes, afectar el derecho de participación de las bases sociales en la organización del partido, desconocer el principio de equidad e igualdad de género, en cuanto excluyó a las mujeres de la organización, de los órganos de dirección y administración y demás mecanismos internos de participación, discriminar a las minorías, limitar los mecanismos internos de control y protección de los derechos de los asociados, limitar el derecho a disentir y sustituir al órgano competente para modificar los estatutos”. Acerbas recriminaciones del alto tribunal para un partido que, como el Liberal, se precia de ser incluyente y participativo.

El Congreso Liberal convocado por el partido para elegir directivas y acomodar los estatutos a los mandatos del fallo judicial en comento, resultó ser el broche de oro para cerrar una cadena de errores; un magistrado del Tribunal de Cundinamarca decidió acatar una solicitud de los demandantes en la acción popular y suspendió el evento convocado por el liberalismo. Este  magistrado así procedió por cuanto el Consejo de Estado lo había investido de potestad para vigilar que el partido Liberal cumpliera lo ordenado por la alta Corte. No fue pues que un juez casualmente hubiera decidido por sí y ante sí tomarse unas facultades que no tenía.

Razonable puede ser el reclamo liberal cuando expresa que pudo existir mala leche en el togado cuando decidió aplazar el evento un viernes a las cinco de la tarde, cuando el certamen era al día siguiente.

En este tema, el partido debe entender que los fallos de los jueces son para cumplirlos, que las interpretaciones que de los mismos hagan sus asesores jurídicos deben basarse más en el contenido de la providencia y no en el de sus propios egos y vanidades. Con humildad republicana y acatamiento a la sentencia, el partido puede salir, de una vez, del atolladero en el cual se encuentra, para lo cual tiene un plazo terminante y próximo a vencerse. Dicen que “guerra avisada no mata soldado”.

 

 

 

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