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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

Cuando se conoció la sentencia C-683 de 2015, mediante la cual la Corte Constitucional permitió que parejas del mismo sexo pudieran adoptar niños en defensa del interés superior del niño a contar con una familia, sin consideración alguna por la orientación sexual de los adoptantes, era previsible que el debate sería sin tregua y a fondo por parte de sectores de la derecha colombiana, especialmente vinculados a intereses religiosos.

La primera en abanderar la protesta contra el fallo dicho y de enarbolar banderas para tratar de buscar salidas jurídicas al pronunciamiento del alto tribunal, fue la senadora liberal Vivian Morales Hoyos. Ella presentó un proyecto de ley convocando al pueblo a que mediante un referendo estatuya que la familia no puede surgir sino de la unión entre un hombre y una mujer. No deja de ser curioso que una mujer, quien como mínimo conoció de las persecuciones religiosas de credos cristianos mayoritarios a sus huestes minoritarias, pretenda ahora arrollar con mayorías fanáticas y fanatizadas a minorías sexuales. Varios constitucionalistas le auguran malos resultados a este proyecto que convoca a referendo, pues la Corte Constitucional seguramente continuará por la senda de considerar que “excluir a estas parejas como potenciales adoptantes limita los derechos de los menores”, pero además la Corte ha demostrado, reiteradamente, su respeto profundo por los derechos de las minorías y estas quedarían absolutamente desprotegidas y a merced de las mayorías. Imposible someter al criterio de mayorías o minorías el reconocimiento de derechos fundamentales en este y en todos los casos.

En entrevista con El Espectador, Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre y exdefensor del Pueblo de Bogotá, expresó: “Si estuviésemos bajo el régimen de la Constitución de 1886, el argumento mayoritario sería plenamente válido. Pero, en el modelo de 1991, la democracia se entiende como representativo y participativo-deliberativo. Las decisiones estatales, así estén respaldadas por un número significativo de ciudadanos, deben reconocer que la sociedad no sólo está compuesta por comunidades ciudadanas uniformes, sino también por minorías, las cuales deben gozar de igualdad de influencia e impacto. Las decisiones mayoritarias no pueden desconocer derechos de las minorías” (El Espectador, Marzo 31/2016).

Llamada está la iniciativa a morir, bien en el trámite en el Congreso o bien en el examen de constitucionalidad que debe impartirle al proyecto de convocatoria a referendo, la Corte Constitucional. Mientras tanto, a quienes observamos los movimientos y propuestas políticas desde la distancia, nos preocupa que algunos integrantes de partidos políticos desconozcan las ideologías de los mismos y las luchas que por años han librado en defensa de sectores vulnerables de la sociedad.

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