Otra vez, con la Cadena perpetua

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Desde el año 2007 se viene intentando en el Congreso de la República la reforma al artículo 34 de la Constitución Nacional que prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, especialmente en lo que hace referencia a la prisión perpetua. Los proyectos de acto legislativo en este sentido y desde ese año, superan los diez y seis, incluyendo un proyecto de ley que convocaba a un referendo sobre el tema. Todos han fracasado en sus primeras discusiones, excepto la ley que convocaba a un referendo que logró llegar hasta la Corte Constitucional para control previo de constitucionalidad y donde no pasó el estudio por vicios de procedimiento.
Desde el año pasado viene transitando por el Congreso un proyecto de acto legislativo que tuvo una exitosa primera vuelta y que ya pasó en estos últimos cuatro debates por los dos que recibió en la Cámara de Representantes. Resta el trámite en el Senado de la República, donde los conocedores le auguran el éxito requerido para que se convierta en reforma constitucional.
Varias veces me he ocupado de ese tema en estas columnas, siempre con la misma posición de oponerme a algo que no cambiará en nada la situación de vulnerabilidad de nuestros niños. Es un proyecto populista y electorero. De él varios políticos han derivado su éxito electoral y otros tantos su deseo de mejorar la percepción que de ellos tienen los colombianos. No es el producto de un estudio serio que nos señale que es el camino indicado señalado por los encargados de fijar las políticas criminales del Estado. Por el contrario, lo que se ve es una oposición al proyecto, sustentada desde la academia, los colegios y agremiaciones de abogados.
Veamos argumentos en contra: 1- Cuando en Colombia existen para el caso penas de hasta sesenta años de prisión, supone uno con algo de lógica y discernimiento, que lo que allí se consagró fue una velada cadena perpetua. 2- Nuestro país tiene una impunidad que algunos señalan en el 94 % y para este tipo de delitos, algunos llegan a considerar que la impunidad es cercana al 97 %. ¿El problema si radicará en aumentar las penas o en hacer más eficiente la justicia? Creo que nuestros legisladores están buscando el ahogado río arriba y simplemente están buscando votos y aplausos, pero que, con los años, la norma, si logra prosperar, será una frustración más. 3- La debilidad de nuestra justicia, que en ocasiones condena a inocentes (Recordar los que tenía condenados cuando Garavito confesó sus delitos), hace que esa norma pueda llevar a muchas personas inocentes a penas dignas de Estados no viables. 4- El fin de la pena no es la venganza, como parece ser la idea del proyecto. La pena tiene fines más altruistas como la resocialización. 5- Como dice la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita María Restrepo Arango, “No es una medida ejemplarizante mientras no tengamos una justicia y un sistema de investigación eficaz. ¿Para qué hacer nuevas leyes si la justicia no es capaz de hacer cumplir las existentes?”. 6- Con un hacinamiento carcelario que es afrentoso a la dignidad humana, ¿podemos seguir expidiendo normas de este tipo?
A propósito de la Representante Margarita Restrepo del C. D. hay que reconocer su valor y entereza al apartarse de una propuesta que tiene el respaldo de su partido y del Gobierno que ayudó a elegir, lo que no entendemos algunos es la posición de parlamentarios liberales apuntándole a propuestas que siempre ha combatido ese partido.
Seguramente nuestra clase política seguirá jugando a la politiquería, esta vez con la justicia.

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