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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

Ciertos funcionarios de control, hacen pomposos anuncios sobre investigaciones o hallazgos, pero los resultados son escasos o ninguno; anuncian bombas atómicas y a duras penas estallan totecitos navideños.

Sandra Morelli, fue elegida por el congreso en pleno como Contralora General de la República en agosto de 2010, por una abrumadora mayoría de 222 votos. Muchas esperanzas se forjó el pueblo colombiano con esta dama independiente, ajena al partidismo, de reconocida solvencia académica y moral; todas ellas se han venido marchitando entre grandes anuncios que nunca se concretan en sanciones ejemplares, mucho menos en la recuperación de recursos.

Yo sí puedo mostrar muchos botones como prueba de lo que digo, y van algunos: ¿en qué terminaron las investigaciones sobre supuestos desfalcos en Famisanar y Saludcoop por más de dos billones de pesos?; ¿los supuestos desvíos de las ayudas a los damnificados de inviernos anteriores?; ¿el carrusel de pensiones con el que se enfrentó a magistrados de la Rama Judicial, especialmente al Consejo Superior de la Judicatura?; ¿la nómina paralela y los gastos excesivos de su antecesor Julio César Turbay Quintero?; ¿los radares de Aerocivil?; ¿los problemas del túnel de La Línea?; ¿la vía Bogotá-Girardot?; ¿los controles excepcionales solicitados por el Congreso a administraciones anteriores de Bogotá, Antioquia y Valle?; el despilfarro de regalías?; ¿los Nulle y las obras nacionales?; ¿las investigaciones al INPEC sobre nóminas paralelas y sobre la adquisición de brazaletes en el gobierno anterior?; ¿las supuestas nóminas paralelas en la DIAN, la Defensoría del Pueblo, el Archivo General de la Nación, el Colegio Mayor de Bolívar, las universidades Pedagógica, Tecnológica de Colombia y del Amazonas; la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Televisión?; ¿los problemas gravísimos de Fondelibertad, Agro Ingreso Seguro, el Aeropuerto del Café y sus altas e inútiles inversiones. Todavía son muchas más las investigaciones anunciadas que descansan en las regiones del limbo: sin pena ni gloria.

El 12 de este mes, la contralora Morelli Rico dijo por todos los medios de comunicación que el 42% de la contratación estatal está en poder de 60 firmas; la contralora está a días de completar tres años al frente de ese despacho y me pregunto: ¿Cuáles acciones ha realizado para controlar esta concentración indebida? ¿Cómo es que apenas al final de su mandato se dio cuenta de esta irregularidad? ¿Por qué no concreta responsabilidades fiscales y denuncia las disciplinarias o penales al funcionario competente, no a los medios de comunicación? También denunció que la modalidad de contratación directa es muy socorrida en los ministerios de Defensa, Transporte, Trabajo, Vivienda, Educación, Tecnologías de la Información, Industria y Comercio, Ambiente, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en las corporaciones autónomas regionales.

Reconociendo su impotencia o incapacidad, dice que “Realmente el estatuto de contratación no se aplica”.

Así se “gestiona” lo público cuando al funcionario lo anima el protagonismo: cuando se deja seducir por el micrófono, la pantalla y los titulares, cuando no le importa cumplir efectivamente con sus obligaciones.

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