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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

La Corte Constitucional produjo esta semana un fallo sobre el Acto Legislativo llamado de Equilibrio de Poderes, que pretendía remplazar el Consejo Superior de la Judicatura por un organismo administrativo, técnico y eficiente para administrar los recursos siempre escasos de la rama judicial. La Corte en su sabiduría determinó que suprimir la Sala Administrativa del C.S. de la J. era una abusiva sustitución constitucional para la que el Congreso carecía de facultades.

La Corte declaró inexequible el cambio del órgano que “administra la Rama Judicial al pasar del Consejo Superior de la Judicatura al Consejo de Gobierno Judicial”. Dicho cambio, en concepto de los magistrados, “…violenta la arquitectura judicial que instauró la Carta Magna de 1991 y violenta la autonomía de la Rama Judicial para manejarse a sí misma”.

La sustitución constitucional se ha entendido como aquella circunstancia en la cual el constituyente secundario (El Congreso de la república, en este caso) reforma aspectos sustanciales de la Constitución o remplaza elementos definitorios que identifican la Constitución por otro integralmente distinto. En Colombia solamente es posible el control de constitucionalidad a las reformas constitucionales por vicios de procedimiento (Art. 379 de la Constitución Nacional). Esta disposición superior, la ha interpretado la Corte Constitucional, a partir de la sentencia C-551 de 2003, en el sentido de señalar que la falta de competencia es también un vicio de procedimiento y que el constituyente secundario carece de competencia cuando se trata de introducirle reformas a la Constitución que sustituyan normas sustanciales o definitorias. En este caso, las reformas solamente son posibles si las ordena el constituyente primario, vía Asamblea Constituyente.

“En resumidas cuentas podemos afirmar que cuando se habla de sustitución la revisión que hacen los jueces de control de constitucionalidad supera el simple análisis del trámite que la reforma surtió en el Congreso y se adentra en un estudio sobre el contenido del texto para ver si la reforma toca aspectos esenciales de la norma superior, cuya única competencia la tiene el constituyente primario o una asamblea constituyente”. (Elejalde, Ramón 2015)

Lo que sí resulta extraño y exótico es que el gobierno, que ha venido negando la posibilidad de convocar una asamblea constituyente pedida por las Farc y el Centro Democrático que dirige el Doctor Álvaro Uribe, cambie de opinión y esté evaluando la posibilidad de una constituyente para acometer las reformas a la justicia que el mismo gobierno y un sector de la opinión pública consideran necesarias. Más reformas de poco contenido y mucho maquillaje, son un atentado a la estabilidad de las normas constitucionales. Una constituyente tampoco es saludable en la coyuntura actual de la nación.

Mucho fuego artificial y poca luz.

 

 

 

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