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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha revelado el terrible dato de que en lo que va corrido del año han muerto en Colombia cerca de 101 niños por desnutrición o causas asociadas a la misma. El citado informe acepta que en La Guajira, Meta, Cesar, Chocó, Tolima y Vichada se presentan la mayoría de estas muertes. La dramática denuncia consigna además que “se notificaron nueve muertes en menores de cinco años por diferentes patologías, que registran desnutrición como uno de los diagnósticos; estos casos se registran como casos probables de muertes por y asociadas a desnutrición”.

Resulta comprensible, frente a las denuncias de corrupción que ha vivido la Guajira en los últimos años, que sea esta región colombiana la más azotada por estas terribles muertes por hambre y la mayoría de sus víctimas son niños indígenas para mayor vergüenza y dolor. Son 26 los muertos asociados con la desnutrición que presenta esta zona caribeña. Injusto que mientras la población vulnerable muere de física hambre, la mayoría de la clase dirigente hace rapiña con el presupuesto departamental, algunos de ellos investigados o sancionados por fiscales y jueces. Ojalá que en esta y en las demás regiones del país se conozcan estos crímenes y que los responsables reciban pronta y cumplida justicia.

Cuenta el Instituto Nacional de Salud que el 82.2% de las madres de los menores fallecidos presenta “bajo o ningún nivel educativo” y hacen parte del estrato uno. Victimizados doblemente: por un lado el hambre y la miseria que los agobia y por el otro la carencia de vivienda digna, salud, agua potable y educación. Es decir, que para ellos no existe el derecho al mínimo vital que tanto cacarea nuestro Estado Social de Derecho: dolor y vergüenza de que estos casos sean denunciados por instituciones oficiales; ¿Ante sí mismas revelando su increíble ineptitud? ¿Ante la sociedad atónita e inerme que recibe el pecado sin el género? Ya hoy tenemos la vigilancia de la comunidad internacional puesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unicef han mostrado su preocupación por la situación.

De otro lado observamos con dolor que muchos funcionarios públicos de todos los órdenes permanecen impasibles e indolentes frente a esta penosa realidad. Ya muchos por dignidad, por vergüenza, debieron haber renunciado a los cargos que no supieron honrar. Muchos colombianos estamos convencidos de que en las regiones están muchos responsables de estos fenómenos de corrupción que han generado esta tragedia humanitaria, y también de que en las altas esferas del Estado, comenzando por Bienestar Familiar, existen funcionarios con responsabilidad política y que por lo menos, ya debieron haberse retirado de sus cargos. Esta es una estrella negra, un baldón que el Gobierno de Juan Manuel Santos debe asumir y no tolerar más a los ineptos que desde la administración han permitido que conozcamos de tantos adultos y niños fallecidos ante la satisfacción de unos corruptos con los bolsillos llenos. ¿Cuántos más no se conocen ni se conocerán jamás? Una sola de estas vidas clama al cielo por justicia y al Estado por expiación y corrección de tan vergonzosa conducta.

Encomiable la valerosa posición de la Senadora Sofía Gaviria Correa, no solamente por sus denuncias, sino porque ha buscado aportar soluciones a la catástrofe humanitaria que representan más de cien muertes de niños conocidas, en un país que se precia civilizado. La realización de brigadas médicas en La Guajira, son un bálsamo ante tanta desidia.

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