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Por Ramón Elejalde Arbeláez

Los medios de comunicación y la fiscalía siguen destapando la repugnante olla podrida de la alcaldía de Bogotá, durante el nefasto período de Moreno Rojas.

Son tan profundas la olla y el escándalo, que amenazan con llevarse de calle a funcionarios y ex−funcionarios de la gobernación de Cundinamarca y de la misma ciudad capital, responsables de haber cocinado y devorado el erario de los bogotanos y de todos los colombianos, en infernal condumio que incluye y compromete ante la Fiscalía a la mitad del concejo de la ciudad, a los actuales y anteriores jefes de organismos operativos y de control del Distrito,  a encopetadas firmas constructoras, a ex−gobernadores de Cundinamarca y aún a reputados embajadores de Colombia en el exterior.

Seguramente muchos de esos “prestigiosos” (¿prestidigitadores?) funcionarios y ex−funcionarios lograrán demostrar su inocencia, o la Fiscalía no podrá demostrarles culpa, que para el caso da igual; lo que queda claro son los efectos desastrosos de una pandilla de funcionarios y particulares enquistada en el presupuesto de Bogotá, para perpetrar el robo ilícito, asqueroso y subversivo, de los recursos destinados al desarrollo de la capital.

La Fiscalía General de la Nación está cumpliendo en este caso una excelente labor, y es necesario que el país rodee al doctor Eduardo Montealegre para que logre desmadejar toda esa maraña de trampas, coimas e injustificados sobrecostos por cerca de ochocientos mil millones de pesos, según cálculos moderados.

La fiscalía, sin embargo,  no puede pasar “de agache” en las regiones colombianas ni quedar satisfecha con lo que se hace en la sede central. Pasma ver cómo tantas denuncias contra la corrupción en regiones y municipios permanecen ocultas en fríos anaqueles. Estoy seguro y lo he demostrado con abundancia de pruebas, que la podredumbre de Bogotá se replica en muchos otros lugares de Colombia. Para muestra, en Antioquia basta un botón: El exalcalde Alonso Salazar Jaramillo, recuerda que unos empresarios cañicultores denunciaron oportunamente sobrecostos en un contrato para el suministro de alcohol a la Fábrica de Licores de Antioquia en la administración anterior, por valor de 23 mil millones de pesos y que en ese mismo contrato, la Contraloría de Antioquia concluyó que los sobrecostos eran superiores a los 19 mil millones de pesos, sin que nadie diga ni investigue nada.

Lamentablemente, la elección popular de gobernadores y alcaldes popularizó la corrupción y la distribuyó por todo el territorio nacional; los ladrones de cuello blanco eran antes un “privilegio” de las élites bogotanas, o costeñas, o de los territorios con ingentes regalías: Para decirlo en términos médicos, la corrupción de hoy lleva más de veinte años haciendo metástasis por todo el territorio nacional, sin que exista la voluntad suficiente para ponerle fin a tamaño desastre.

Con resignación digna de Job, los colombianos aceptan  estoicos  que los corruptos se roben 8 billones de pesos anuales, con livianas justificaciones como: “El sí roba, pero roba también pa’ nosotros…” o “Sí robó, pero como las investigaciones demoraron tanto, ahora está en campaña de nuevo”.

Notícula 1. Paz en la tumba del jefe liberal del municipio de Tarso, don Francisco Luis Hurtado Marín, gran amigo y mejor ciudadano. Resignación a toda su familia, especialísimamente al doctor Oscar Hurtado Pérez y a sus hermanos.

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