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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

En mi calidad de abogado tuve acceso al proceso que la Fiscal 51 Especializada de Medellín, Doctora Fabiola Mejía, adelanta contra el doctor Guillermo Gaviria y Juan Esteban Álvarez por supuesto apoyo económico a grupos paramilitares en Urabá, según declaraciones que Raúl Hasbún dio a la fiscalía de Justicia y Paz. No fui consultado como penalista, porque no lo soy, sino en calidad de ponente que fui de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia y como autor del articulado de esa ley referente la responsabilidad patrimonial del Estado por la función jurisdiccional.

Esta semana que termina la fiscal Fabiola Mejía dictó resolución de acusación. He leído con detenimiento esta providencia y tengo que expresar las sistemáticas decepciones que nos propina nuestra justicia. Entiendo que las instituciones no son perfectas y menos lo son los funcionarios que las representan, pero lo que no puede ser admisible es tanta arbitrariedad junta.

En la resolución referida se dice, en las páginas 8 y 9, que el señor Hasbún en su indagatoria sostuvo que el Dr. Gaviria, dueño de la empresa Grupo 20, tenía que entregarle dineros, “ya que entregarle la cuota era obligatorio, y de no hacerlo asumirían la consecuencias.” La extorsión es evidente. En otra declaración posterior el señor Hasbún dijo que lo que entregó el Dr. Gaviria era voluntario, y nunca aclaró por qué cambió de versión; dijo que no recordaba haber dado una declaración diferente. Tampoco el despacho hizo nada por aclarar las motivaciones para tan abrupto cambio. El monto de la extorsión, según el proceso y la propia resolución, es de 15 millones 300 mil pesos.

Lo primero que llama la atención es el monto. Afirmar que el doctor Gaviria financió a los paramilitares en su guerra en Urabá con esa cantidad de dinero, más parece una burla a la justicia o un distractor de la verdadera intención que tuvo “Pedro Bonito”, que probablemente no fue la de cumplir con los mandatos de la ley de justicia y paz. Con esa suma no se compra un fusil de palo. Mas cuando el paramilitar reconoce ante la fiscal no conocer el nombre del “Negro Gaviria”, no haberse reunido con él jamás y no haber recibido o dado beneficio alguno a la víctima de este falso positivo de la justicia colombiana, esta funcionaria no observa tan notorias contradicciones, ni le parece extraño que sean esas versiones las que dirigen y sustentan sus providencias.

En la resolución de acusación, la Fiscal Fabiola Mejía da total credibilidad a la versión incriminatoria, pero no dice por qué, no estudia la contradicción de las distintas versiones que da el testigo y sobre las cuales el Ministerio Público ha dicho que a este único testigo de cargos no se le puede creer dado el maremágnum de contradicciones que hay en sus versiones.

Las decisiones judiciales deben ser soportadas en pruebas y argumentos, máxime en materia penal. Un único testimonio, contradictorio, especioso y sospechoso de obtener beneficios jurídicos, no puede abatir de un ligero plumazo toda una vida de trabajo pulcro, de servicio público honesto e intachable. Esta resolución de la fiscal Fabiola Mejía es la más alejada que he visto de una providencia judicial ponderada y justa, y es la más cercana a otra inmensa arbitrariedad de nuestra justicia.

Con funcionarios de estas calidades, la libertad está en peligro, está amenazada, los ciudadanos de bien estamos indefensos, mientras los criminales se preparan alegres a agregar unas mentiritas ─ al amparo de la graciosa impunidad─ a sus temibles prontuarios, para aliviar las merecidas penas mientras sumen en la desesperanza y la injusticia a una sociedad abandonada por quienes están obligados a defenderla. Algo hay que hacer en la fiscalía para evitar que funcionarios arbitrarios tomen decisiones que niegan los más caros principios del Estado de derecho y de las conquistas liberales.

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