Con motivo del atroz asesinato de una niña de doce años en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, crimen repudiable y demostración clara de la locura de una parte de nuestra sociedad, algunos de nuestros dirigentes han aprovechado las cámaras de televisión, los micrófonos de las emisoras y los periódicos para volver sobre la idea deproponer aprobar en Colombia la pena de muerte y/o la cadena perpetua para los violadores o autores de crímenes atroces. Estos señores, que hacen este tipo de propuestas, nohan querido entender que el problema de la justicia en Colombia no es de penas altas, sino de una impunidad que en ocasiones llega al 95 %, porcentaje aceptado y reconocido por las mismas autoridades estatales. Yo diría, que existen delitos, como la extorsión, por ejemplo, donde estos porcentajes debe ser muchísimo más altos, pues la gente se resiste a denunciar, por estar segura, “que nada pasará”.
Está plenamente comprobado que las penas altas no intimidan al delincuente. Por el contrario, saber que la justicia no actúa, que en la mayoría de las ocasiones los delincuentes no son judicializados y sancionados, son una invitación, una incitación al delito. Saben que una impunidad tan alta es una garantía de que sus acciones delictivas permanecerán en el anonimato. Las labores legislativas, gubernamentales y ciudadanas deben ir encaminadas a volver más efectiva la justicia, a que disminuya dramáticamente la impunidad, a que los delitos sean investigados y sancionados conforme lo estatuyen los códigos.
En el icónico caso de Luis Alfredo Garavito Cubillos, cuando fue capturado y confesó sus horripilantes crímenes contra menores, ya había varios inocentes investigados y sancionados por los delitos que este maniático cometió. ¿Qué tal una pena de muerte con una justicia a veces tan errada y confusa, además de ineficaz? La fiebre no está en las sábanas mis apreciados lectores. Si bien en el caso de la niña del municipio de Candelaria, que hoy nos conmueve, las autoridades actuaron diligente y contundentemente, no siempre sucede lo mismo. Dediquémonos a optimizar a la justicia. Ese es el camino, no otro.
Pedir cadena perpetua no pasa de ser populismo punitivo. Miremos el caso de la niña Sofia, que nos viene ocupando. El asesino confeso, ya capturado, es un hombre de 32 años y la pena por los delitos de secuestro agravado, feminicidio agravado, ocultamiento, alteración, destrucción de material probatorio, lo llevará a una condena entre 55 y 60 años, sin rebaja, ni beneficios, ni subrogados penales, de conformidad con la ley 1098 de 2006. Es decir, si llega vivo al final de su condena tendría 92 daños de edad, una verdadera cadena perpetua. Lo que, si no puede proponer la Ministra de Justicia, ni aprobar el Congreso, es rebaja de penas para este tipo de delitos atroces. Realmente el ambiente no está propicio para este tipo de propuestas.
No me ocupo del tema constitucional de la propuesta, donde ya existió un claro pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, que el Congreso está obligado a respetar. Es decir que la idea de la cadena perpetua a más de inconveniente, es inconstitucional.