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Por: Ramón Elejalde Arbeláez

La catástrofe del edificio Space en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín, ha revivido una polémica periódica que se da en Colombia, sobre la necesidad de conservar, reformar o eliminar las curadurías urbanas creadas por el Decreto Ley 2150 de 1994 y las leyes 388 de 1997, y la 810 de 2003, que le introdujo, esta última, algunas reformas a la institución.

Como representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, radiqué un proyecto de ley en agosto de 2005 que eliminaba la figura de las curadurías urbanas y devolvía esa función pública a las oficinas de planeación municipal o distrital. Hoy lamento que el Congreso entonces no hubiese discutido y repensado la propuesta. Decía en el proyecto que las curadurías urbanas eran y son la causa del caos que se presenta en las principales ciudades; que los planes de ordenamiento territorial son permanentemente violados o acomodados por los curadores a los intereses de los constructores y jamás de los pobladores de esas ciudades.

Recuerdo bien que el 28 de abril de 2006, la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol nacional, expidió un Boletín de Análisis que aún se consigue en internet, con respaldo íntegro a la existencia de las curadurías urbanas. Los constructores, grandes financiadores de las campañas políticas, cerraron filas en defensa de esta figura y los congresistas, muchos de ellos fieles a sus financiadores, sostuvieron las curadurías y se negaron a suprimirlas o a reformarlas, que era lo mínimo que esperaba la opinión pública.

La inoperancia de estas entidades es alarmante. Después de la tragedia del edificio Space, conocemos historias que hacen sonrojar a una nación que convive con una corrupción galopante.

Oscar Camilo Serpa Reyes publica en soyperiodista.com, un artículo titulado “¿Curadores o depredadores?”, en el que  rememora las ponencias presentadas durante un foro que celebró la Cámara de Comercio de Bogotá en abril de 2006, sobre el papel de las curadurías en el desarrollo de la ciudad de Bogotá. Ninguno de los argumentos expuestos en el artículo han desaparecido, por el contrario, cobran cabal vigencia: La Contraloría de Bogotá de entonces afirmaba que “¿Por qué proliferan moteles en zonas residenciales con el beneplácito de los curadores y en contra de la voluntad de la comunidad? ¿Por qué un curador otorga una licencia que otro ha negado? ¿Por qué en unas curadurías prolifera la expedición de licencias y en otras no?”. Carmenza Saldías, ex Directora de Planeación Distrital, en el mismo foro dijo que “Si se confunde la labor de los curadores urbanos con la venta de licencias, estaríamos corriendo el riesgo de tener mercenarios de las curadurías que pueden corromper el espíritu de la figura”.

En Medellín, las anteriores Inspecciones de Control Urbanístico presentaron en los últimos años varias denuncias contra constructores y curadores: el fiscal general debería investigar entre sus subalternos qué sucedió con tales denuncias. Inexplicable que el curador Segundo de Medellín, que vivía en la urbanización colapsada no se hubiera percatado de lo que venía sucediendo dentro de su propia urbanización y en el entorno, pues no debemos olvidar lo que hace pocos años sucedió con el Colegio San José y urbanizaciones cercanas a este plantel. Tampoco podemos olvidar las denuncias, ¡viejas e inútiles denuncias!, contra curadurías urbanas que autorizaron la construcción de urbanizaciones VIP en barrios como Laureles y El Poblado.

El crecimiento desmesurado y anormal de nuestras ciudades, el irrespeto por los planes de ordenamiento territorial, la corrupción alrededor de estas curadurías y ahora muerte y destrucción, hace urgente y necesario suprimir estas locas y descontroladas instituciones o crear otra, digamos algo así como una superintendencia de la construcción, que las vigile y las someta al cumplimiento de la ley.

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