El Gobierno Petro acaba de radicar en el Congreso la reforma al sistema de salud en Colombia, como lo prometió durante su campaña. La opinión está dividida, tal cual fue el resultado de las elecciones presidenciales. Lo importante es no perder de vista que nuestro sistema de salud presenta múltiples falencias, que no es tan perfecto como algunos pretenden hacernos creer, que es necesaria una reforma y que la propuesta gubernamental es una ocasión propicia y válida para que el Congreso de Colombia lidere un gran debate, donde se escuchen todas las opiniones y se construya un gran sistema. Es pues la propuesta Petro-Corcho el sustento desde donde se puede construir un gran consenso para producir una inmejorable propuesta.
El primer requisito para comenzar a construir la propuesta final, tiene que pasar por aceptar que las instituciones y procedimientos existentes son precarios, excluyentes y nefastos para el grueso de los colombianos. Muchos han topado en la tutela el mejor mecanismo para lograr que lereconozcan el legítimo derecho a la salud y en muchas ocasiones ni este valioso instrumento constitucional logra su objetivo. Conseguir una cama disponible en un hospital de alta complejidad, obtener una cita con un especialista, lograr le suministren drogas necesarias pero costosas, tener acceso a un tratamiento oneroso, permitir un examen complicado y caro, se vuelve por momentos misión imposible para el común de la población y en ocasiones ni con la tutela se logra. No es comprensible en un sistema que al decir de los más pudientes “es el mejor”, se acepte que por mes se tengan que interponer más de doce mil tutelas invocando el derecho a la salud. En plata blanca, en Colombia se interpone una tutela cada cuatro minutos buscando se ampare el derecho a la salud. Ese no puede ser un sistema perfecto y su defensa es mezquina, malintencionada y protectora de poderosos bolsillos que se enriquecen a costa de los más necesitados.
La propuesta Petro-Corcho dignifica al gremio médico y a los paramédicos; sustenta todo el andamiaje en la prevención sanitaria, llevando atención médica a todos los rincones de la patria, especialmente a los más alejados; acaba con la costosa intermediación que hacen las llamadas EPS, que no son tan buenas cuando las autoridades han tenido que liquidar a muchas de ellas y otras tantas van en vía de liquidación; fortalece la red de hospitales públicos; termina con tanta competencia desleal de IPS de garaje y permite que las grandes clínicas privadas continúen prestando su excelente servicio; convierte la salud en lo que constitucionalmente debe ser, un derecho y deja de ser un negocio para unos pocos, los mismos que ahora defienden a dentelladas su poder y su chorro de dinero estatal.
Tiene el Congreso la gran responsabilidad de enriquecer la propuesta, pero no de mutilarla, hacerla nugatoria o simplemente rechazarla por su origen gubernamental, que fue lo que sucedió con algunos congresistas que sin leer la propuesta la rechazaron. Es la gran oportunidad de expedir una ley que beneficie a todos los colombianos y no a unos pocos privilegiados. Todos esperamos que asuman el reto con seriedad, responsabilidad y cero politiquería.