Intromisión indebida.

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La decisión, profusamente divulgada este fin de semana por los medios de comunicación, de que los Estados Unidos le habrían quitado la visa para ingresar a ese territorio a tres magistrados de las altas cortes colombianas como represalia por decisiones judiciales que no le gustaron al imperio, son una abusiva y chocante intromisión de los gringos en los asuntos internos de Colombia, un Estado que se dice soberano. La revista “Semana” afirmó este viernes, en su edición en línea, que: “‘Semana’ pudo confirmar que Estados Unidos si retiró las visas a los magistrados de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo. También lo hizo con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Eyder Patiño”.

La Corte Suprema y la Corte Constitucional son en Colombia órganos de cierre, por consiguiente, son parte de la cúpula del poder judicial. Amedrentarlos desde el exterior con sanciones, es un irrespeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos, es una descarada intromisión en asuntos que son propios de los organismos de poder de una nación que se dice independiente y soberana, es un irrespeto con una de las ramas de poder público y por ende con todos los colombianos y es el preludio de que desde el Departamento de Estado o de la Embajada gringa se quieren tomar decisiones que son propias de nuestra organización y que quedará oficializada nuestra simple condición de colonia.

Repugna, indigna, que se nos quiera vulnerar nuestra condición de nación soberana. No pueden ni las altas cortes y menos el alto Gobierno guardar silencio ante tamaña afrenta. Se hace indispensable que se den respuestas contundentes y dignas.

No puede ser este el tratamiento que le dé el Gobierno norteamericano a un Gobierno que se dice amigo. Nos tratan igual que a Venezuela. Espanta más la afirmación que hacen medios de comunicación de que en la embajada norteamericana les hubiesen solicitado a los magistrados llevar certificaciones de no tener investigaciones pendientes. ¡Qué horror! ¡Qué irrespeto!

Todo hace pensar que las decisiones fueron tomadas por las posiciones que los doctores Lizarazo y Fajardo asumieron con los temas de la paz y la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz –JEP- y que en lo referente al magistrado Patiño de la Corte Suprema fue: “el trámite de la extradición de José Martín YamaGuacanés, un indígena de la comunidad San Juan de los Pastos, en Ipiales (Nariño”, pedido en extradición por los americanos. Todo este episodio en un terrible mensaje para la independencia de los jueces, condición esencial para que exista estado de derecho, pero además deja un sabor amargo en la ciudadanía al suponer, con toda razón, si estas presiones no han llegado al Gobierno y sus objeciones a la JEP, muy traída de los cabellos, no obedece al mismo fenómeno que están padeciendo nuestras altas cortes. El embajador Whithaker, que siempre se mostró amistoso con Colombia, nos deja un mal sabor en su despedida.

El tema es grave y preocupante, más de lo que se piensa y la respuesta debe ser seria y contundente, de lo contrario nos dan tratamiento de república bananera. 

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