¿Para qué sirven las superintendencias? (EL MUNDO)

Por: Ramón Elejalde Arbeláez

Las superintendencias fueron diseñadas y creadas dentro de la estructura del Estado con el fin de fiscalizar algunas actividades económicas y de servicios públicos en Colombia. A través de ellas el gobierno ejerce vigilancia sobre muchas actividades y previene desafueros de quienes dirigen y prestan las mismas. No es minúscula la responsabilidad que las superintendencias tienen en la vida económica y de servicios públicos frente a la población colombiana.

Varios son hoy los dolores de cabeza que algunos sectores padecen por descuido o incuria de algunas de estas dependencias. Un repaso sobre algunos acontecimientos de primer orden nos permiten comprender que esta afirmación es cierta: Si la superintendencia del ramo hubiera actuado con prontitud y con responsabilidad en el caso de Interbolsa y hubiera controlado sus actividades ilegales, se hubiera impedido que esquilmaran a más de un millar de compatriotas, con lamentables consecuencias que hoy afligen a muchas familias. No es posible que se capte dinero, que se tiren en lujos e inmerecida vida buena los dineros de la gente sin que las autoridades se hayan enterado de lo que pasó, o que lo hayan encubierto con reprochable complicidad. Que hubo aquí: ¿Negligencia? ¿Complacencia? Difícil precisarlo.

El caso de Constructora Lérida CDO, el edificio Space y las consecuencias de los “inventos” de codiciosos ingenieros sobre varias edificaciones de apartamentos en Medellín, es otro dramático ejemplo que está develando la negligencia de la Superintendencia de Sociedades. A la gran estafa (¿lo sabrá la Fiscalía?) de la construcción de verdaderos castillos en el aire, ahora se conoce que se ha facilitado, por acción o por omisión, que las empresas socias mayoritarias de CDO, Surquesa Investments y la Fundación de Santa Cruz de la Sierra le vendieran sus acciones a otras empresas que supuestamente también están en dificultades por edificios mal construidos. Todo induce a creer  que en este episodio los dueños de las firmas constructoras no están actuando de buena fe.

Finalmente quisiera preguntarle a la Superintendencia de Sociedades si en alguna ocasión alguno de sus funcionarios ha tenido le necesidad de suprimir una línea telefónica con alguno de los operadores de telefonía celular. Es toda una tragedia. Cuando un ciudadano desea terminar con una línea de telefonía celular lo primero que debe hacer es ponerse a paz y salvo con la misma, luego ir a la oficina de su prestador de servicios a notificar su decisión. Hasta allí todo parece normal. Lamentablemente apenas comienza la odisea.

El operador le indica que usted, dentro de algunos días siguientes, debe llamar a un teléfono para notificar lo que usted ya dijo por escrito en la oficina. Prepárese amigo lector para perder un día en la hazaña. Inicialmente, si logra comunicarse, le recibe la llamada un operador que le remite la llamada a un funcionario del área relacionada con la suspensión de líneas. En este paso usted debe estar preparado para que la llamada se le caiga en varias ocasiones. Cuando finalmente usted logra terminar de contarle el cuento al funcionario, es remitido a una subgerencia, que yo llamaría de “ruegos”, donde a usted le pintan pajaritos de oro  para que no abandone la compañía. En este nuevo paso su llamada se le cae muchas veces. Es posible que después de 10 o 12 horas usted logre concluir la misión, si antes el desespero no lo ha vencido.

Con solo tres ilustraciones puedo preguntar: ¿Para qué sirven las superintendencias? ¿Son efectivas? ¿No existen responsabilidades fiscales, penales o políticas sobre quienes ocupan estos cargos?